"Este último año se ha reducido el número de trabajadores en 300.000.
Esa cifra pone de manifiesto que se está llevando a cabo un ajuste de la
Administración pública". La número dos del Ejecutivo,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha desgranado hoy este dato ante la petición de un
recorte radical del gasto público que reclama un sector del PP y cuya cabeza
visible ha sido esta semana la expresidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.
La vicepresidenta ha esgrimido un elenco de recortes en ese sector que,
como venían destacando en los últimos días varios dirigentes nacionales del
partido mayoritario, demuestra que el Gobierno ya ha abordado de facto esta
reforma, algo que, ha recordado, "no se había hecho en 30 años".
Santamaría ha enumerado algunas de las medidas puestas en marcha desde que
Mariano Rajoy llegó a La Moncloa: "Por primera vez tiene una ley orgánica
de estabilidad financiera. Hemos introducido un principio de responsabilidad...Se
ha puesto en marcha un redimensionamiento del sector público empresarial; se ha
reducido en 115 el número de consejeros de las Administraciones públicas; y por
primera vez se ha puesto tope a los directivos de las empresas públicas". "Para
hacer una tortilla hay que romper huevos", ha tratado de resumir.
"En el ámbito de la función pública", ha insistido en que
"los funcionarios han hecho un esfuerzo enorme", recordando la
supresión de la paga extra. "No se reforma la Administración pública en
una hora y no se reforma bien... Es una reforma difícil y no es de las que se
hace de la noche a la mañana", ha considerado Santamaría frente a la
insistencia de Aguirre, que ayer seguía reclamando más recortes. "No solo
las Administraciones sino las empresas públicas y cuestiones que no
necesariamente deben prestar la Administración deben ser reducidas,
privatizadas o suprimidas", manifestó la líder del PP madrileño.
"Ahora tenemos en marcha una reforma de la Administración local y una
reforma de las Administraciones públicas, y bienvenidos aquellos dirigentes, en
este caso de partidos autonómicos que estén dispuestos a trabajar y aceptar que
tendremos que cambiar y mucho, también en el ámbito autonómico, para conseguir
esos objetivos de reforma", ha valorado hoy además la vicepresidenta.
Santamaría ha
evitado, en cualquier caso, avanzar por dónde prevé el Gobierno ahorrar con
esta reforma. A la espera de que el Consejo de Estado termine el informe
encargado, Santamaría ha señalado que "cuando se plantee el informe se
pondrán de manifiesto algunos aspectos en los que se pude ahorrar, incluso
mucho, en la estructura. "Y serán las comunidades autónomas las que
tendrán que afrontar" ese debate, ha agregado.
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